Sáb. Dic 14th, 2019

Index Juárez

Asociación de Maquiladoras, A.C.

Index emite posicionamiento contra Outsourcing Abusivo

El Comité Laboral de Index Nacional hace de su conocimiento el posicionamiento de la industria de manufactura de exportación, respecto de las recientes iniciativas con proyecto de decreto que se han presentado al Congreso de la Unión durante el mes de octubre de 2019, sobre el tema de subcontratación/outsourcing.

El Consejo Nacional index hizo llegar oportunamente su postura a ambas Cámaras legislativas, reiterando su compromiso por el cumplimiento de los derechos consagrados a favor de los trabajadores en nuestra Constitución Política, en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en las demás legislaciones aplicables. Nuestro sector ha impulsado el cumplimiento ya establecido en las reglas actuales para la subcontratación en los artículos 15-A a 15-D de la LFT, comprendiendo que la subcontratación que cumple estas disposiciones genera millones de empleos formales para México, contribuyendo a la estabilidad económica de nuestro país a través de proyectos de capital nacional e internacional, que encuentran en este modelo la flexibilidad que necesitan para continuar invirtiendo en México.

Nos pronunciamos categóricamente en contra del outsourcing abusivo, que incumple con la normatividad aplicable, afectando la antigüedad de los trabajadores y que utiliza esquemas ilegales para remunerar el servicio de los trabajadores, afectando también las contribuciones que debieran recibir el Instituto Mexicano del Seguro Social y la recaudación fiscal. Si bien, entendemos que en la regulación sobre subcontratación se pueden hacer algunos ajustes para clarificar conceptos en beneficio de los derechos de trabajadores y patrones, debemos precisar que en una de las iniciativas presentadas, existen aspectos importantes respecto a la aplicación retroactiva de la normatividad propuesta, situación que resulta contraria al artículo 14 constitucional, lo que pone en riesgo el Estado de Derecho. Dicho lo anterior, se solicitó su puntual revisión, exhortando a ambas cámaras legislativas a revisar puntualmente las iniciativas sobre subcontratación proponiendo claramente lo siguiente:

i)            Desistir de tratar la subcontratación como si fuese actividad criminal, pues quien actualmente utiliza este régimen de contratación apegado a la normatividad vigente, lo hace con la certeza de que el respeto al marco legal actual es esencial para el estado de Derecho.

ii)          Apartarse de la intención de aplicar en forma retroactiva las nuevas reglas sobre subcontratación que pudieran ser resultado de las iniciativas actualmente en discusión, pues nuestra constitución lo prohíbe expresamente.

iii)        Insertar reglas en la Ley Federal del Trabajo que promuevan la productividad de cada empleado, pues actualmente no existen incentivos con real vinculación con la productividad para generar valor a las partes de una relación laboral.

Asimismo, este Comité comparte algunas reflexiones en torno este tema, derivado de un artículo de opinión.

¿Qué es el outsourcing? ¿Qué es la subcontratación?

Las preguntas anteriores actualmente no tienen respuesta precisa, tampoco definida y mucho menos concreta. En la legislación positiva mexicana vigente; a partir de doctrina, opiniones y textos de investigación jurídica podemos apenas vislumbrar la esencia y forma en que dicha figura vive en el muy particular mundo del derecho nacional.

A causa de la evidente tendencia del Congreso de la Unión sobre temas sociales, se ha presentado un Proyecto de Decreto Reforma que impactaría las siguientes legislaciones: Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social e importantemente la materia tributaria. 

Hay opiniones que califican de “criminal”, “ilegal” y mala la subcontratación en la gran mayoría de sus formas y modos. Si bien es cierto que aceptan la subcontratación en ciertos supuestos, están acotando demasiado la institución jurídica sin servirse de bases claras y distinguidas para fomentar el uso legítimo de la figura y ello, en nuestra opinión, impide que florezca naturalmente como sería propio de cualquier institución en una sociedad de constante cambio y en una economía en afligida necesidad como la nuestra.

Como actores jurídicos mexicanos reprobamos que las figuras legales sean mal-utilizadas para cometer fraude a la Ley y por ende daños o perjuicios al país y específicamente a los trabajadores. Rechazamos cabalmente la idea de que los deberes jurídicos previstos por leyes sean desobedecidos, pero también estamos ciertos que la seguridad jurídica y la aplicabilidad de la Ley devienen de instituciones jurídicas claras, utilizables y delimitadas (que no es lo que está sucediendo mediante este ejercicio legislativo.)

Empero lo expresado en el párrafo que precede, no comulgamos de forma concluyente con la iniciativa planteada. Compartimos algunas ideas y postulados de la misma, pero criticamos objetivamente otros ya que atentan contra la libertad personal, corporativa y societaria que se establece desde la Constitución Política.

Una directriz que se debería de seguir en el modelo regulatorio de la subcontratación (además de la claridad) es el reconocimiento necesario de que la particular estructura corporativa de una sociedad y su propia planeación fiscal, ambas en términos de ley, estén basadas en ocasiones (y no ilegalmente) en el uso de terceras personas para aumentar la eficiencia de los procesos productivos y proteger ciertos activos corporativos (no necesariamente para causar daño a trabajadores.

A nuestro parecer, la subcontratación “ilegal” o “ilícita” se tiene que entender limitativamente. Sólo debería ser sancionada la subcontratación cuando se utilice para evadir el espíritu de las normas y extraerse de los presupuestos jurídicos del sistema legal. Ejemplo de lo anterior sería el caso de las Sociedades contratistas que usen la posición para dejar de pagar impuestos causados dentro de las actividades realizadas y de los ingresos obtenidos.

En conclusión, nos sumamos al esfuerzo político-económico y legislativo, pero solicitando que el sector empresarial sea consultado, sea escuchado y más que nada, que la finalidad de todos las voluntades políticas y legislativas sea producir una normativa enfocada en la fluidez económica, en la certeza jurídica y en el bienestar colectivo de quienes trabajan para México, pero también de quienes invierten su dinero para que el país avance. Esto no debe ser un ejercicio de castigo y de penalización sino uno de claridad y alcance legislativo para el mejoramiento generalizado. Nos encontramos en la encrucijada entre la persecución desmedida, o bien la claridad y seguridad jurídica. La realidad no debiese ser ¿quien comete delitos? Sino ¿Cómo arreglo un problema e impulso al país?, ojalá como sector obrero-patronal y político sepamos legislar.

Prohibir una multitud de acciones indiferentes, no es prevenir los delitos que puedan nacer de aquellas, sino crear otros nuevos delitos.

¿Queréis prevenir delitos? Haced que las leyes sean claras, sencillas, y que toda la fuerza de la nación se encuentre condensada para defenderlas, sin que, por el contrario, ninguna parte de la misma se emplee en destruirlas.” – C. Beccaria.

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